El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que adiciona un capítulo al código penal estatal. La nueva legislación establece penas de ocho a quince años de prisión para los responsables de este delito. Además, se contempla una multa económica significativa que oscila entre mil y dos mil quinientas UMAs.
La decisión legislativa surge de la necesidad de fortalecer el marco jurídico para la protección de los derechos de los menores de edad en la entidad. El Pleno de la LXVII Legislatura sesionó para revisar y votar a favor del dictamen de decreto que modifica la normativa vigente. Al aprobarse por unanimidad, el texto quedó listo para su publicación en el periódico oficial y su entrada en vigor, marcando un precedente en la justicia veracruzana.
El delito de cohabitación forzada de menores será sancionado con una pena privativa de libertad considerable. Los legisladores determinaron que la prisión irá de ocho a quince años, una duración que refleja la gravedad de la vulneración a la integridad de los niños y adolescentes. Esta medida busca disuadir a los potenciales agresores y ofrecer una respuesta judicial contundente ante este tipo de conductas delictivas.
Además de la reclusión, el ordenamiento contempla una sanción económica adicional para los culpables. La multa establecida en el decreto varía entre mil y dos mil quinientas Unidades de Medida y Actualización, UMAs, dependiendo de las circunstancias del caso. Esta doble pena, corporal y económica, busca asegurar que la justicia no solo prive de la libertad al infractor, sino que también imponga un costo financiero por el daño causado a las víctimas.
La aprobación unánime en el Pleno demuestra el consenso político y social frente a la urgencia de proteger a la población infantil. Al adicionar este capítulo específico, el Congreso de Veracruz cierra vacíos legales que antes dificultaban la tipificación precisa de esta conducta. La nueva norma se integra al sistema de justicia penal estatal, permitiendo a las autoridades ministeriales procesar estos casos con base en un marco legal claro y actualizado.
Con esta reforma, el estado de Veracruz refuerza su compromiso con la seguridad y el bienestar de los menores. La entrada en vigor de esta ley representará una herramienta clave para las fiscalías y tribunales al momento de juzgar casos de cohabitación forzada. La ciudadanía podrá contar con una legislación más robusta que penaliza severamente las agresiones contra la infancia.
