Surgen indicios contundentes que apuntan hacia la intervención directa del Cártel de Sinaloa en el proceso electoral que otorgó el poder a la administración de Rocha Moya. Estas denuncias se suman a las controversias previas sobre el manejo estatal del caso Melesio Cuen. La información revela una dinámica de impunidad donde la Fiscalía local, bajo la gestión del propio Rocha, minimizó hechos críticos.
Los documentos y testimonios recopilados describen una serie de acciones que evidencian la injerencia de la organización criminal en la contienda política. Los indicios no son menores, ya que detallan cómo las estructuras del Cártel de Sinaloa operaron para asegurar el triunfo del candidato ganador. Este escenario plantea serias dudas sobre la libre competencia electoral y la independencia de las instituciones locales durante ese periodo.
La reacción de la mandataria federal ante estos señalamientos genera un fuerte contraste con su postura habitual en materia de seguridad. Mientras en otros ámbitos se muestran medidas firmes contra el crimen organizado, en este caso específico no se observa una molestia institucional significativa. Esta indiferencia percibida alimenta la narrativa de que existen acuerdos tácitos o tolerancia hacia ciertos actores violentos que influyen en la política local.
El antecedente del asesinato de Melesio Cuen pesa en esta discusión. La Fiscalía del estado, operando bajo la administración de Rocha Moya, emitió declaraciones que cuestionaron la gravedad o el contexto del homicidio. Esa posición oficial minimizó un caso que había generado preocupación social y periodística. La combinación de la impunidad en la investigación y la posterior elección del mismo funcionario refuerza la tesis de una alianza funcional entre el poder político y el narcotráfico.
La acumulación de estas evidencias exige una auditoría profunda a las instituciones de seguridad y justicia de la entidad. La falta de una respuesta contundente por parte de la presidencia federal frente a la posible captura de autoridades electas con apoyo criminal erosiona la confianza ciudadana. Se espera que la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos vigilen de cerca el desenlace de estos casos.
