El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas restricciones financieras a 21 personas y 25 empresas asociadas con la facción de Los Mayos. Esta acción forma parte de una ofensiva contra la infraestructura económica del Cártel de Sinaloa. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera también intervino para bloquear recursos.
La medida estadounidense identifica específicamente a la red de protección y financiamiento que opera bajo el mando de la familia Mayo Zambada. Al designar a 46 objetivos, el gobierno federal busca cortar el flujo de fondos ilícitos que sostienen actividades delictivas a ambos lados de la frontera.
Estos sanciones prohíben a cualquier entidad estadounidense realizar transacciones con los individuos y corporaciones listados. Los activos que posean en el sistema financiero nacional quedan congelados de inmediato. Este mecanismo presiona directamente la capacidad operativa del grupo criminal al aislarlo del mercado oficial.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera de México ejecutó acciones coordinadas para inhibir el lavado de dinero. La colaboración entre ambas instituciones refuerza el cerco financiero alrededor de la organización. La estrategia conjunta apunta a desmantelar las redes que permiten la movilidad de capital generado por el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro enfatizó que estas designaciones son resultado de investigaciones exhaustivas sobre la estructura de Los Mayos. La inclusión de empresas formales indica que la red utiliza legalidad corporativa para ocultar sus ingresos. Esta táctica requiere una respuesta regulatoria más estricta para evitar que la criminalidad se infiltre en la economía legítima.
La presión financiera intensifica el golpe a la logística del Cártel de Sinaloa. Se espera que estas medidas limiten la expansión territorial y operativa de la facción de Los Mayos. La coordinación entre México y Estados Unidos marca un enfoque sostenido contra las finanzas ilícitas.
