La Fiscalía de Michoacán elevó la presión institucional sobre la alcaldesa Grecia Quiroz al advertir que podría recurrir a la fuerza pública o al arresto.
Esta medida busca forzar la entrega de dispositivos electrónicos que la funcionaria ha retenido hasta el momento.
La situación refleja un conflicto directo entre el Ministerio Público y el gobierno municipal por la recuperación de evidencia.
El organismo de investigación penal determinó escalar sus acciones legales frente a la negativa de la presidenta municipal de colaborar con el proceso judicial.
La retención de los celulares se ha convertido en el punto central de la disputa, dado que estos equipos podrían contener información relevante para la indagatoria en curso.
La fiscalía emitió un ultimátum claro: la no entrega voluntaria de los aparatos activará protocolos de aprehensión y uso de la fuerza pública para garantizar la custodia de la prueba.
Esta postura marca un cambio en la dinámica de las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial en la entidad, evidenciando la falta de consenso en la resolución del caso.
La intervención de la fuerza pública como opción final busca evitar que la continuidad del proceso se vea obstaculizada por la obstrucción de la autoridad local.
La amenaza de arresto pone en riesgo la estabilidad política de la administración municipal y acelera los plazos para la resolución del conflicto.
Queda en manos de Grecia Quiroz decidir si acata la orden o enfrenta las consecuencias penales de su negativa.
