La Ciudad de México y el resto del país mantienen una distancia significativa respecto a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en materia de formación académica. Actualmente, únicamente el 22 por ciento de la población adulta en México cuenta con estudios de nivel terciario completados. Esta cifra subraya la necesidad de fortalecer el acceso a la educación superior para cerrar la brecha con las economías desarrolladas.
El acceso a la educación superior es un indicador clave para medir el desarrollo humano y económico de una nación. En el caso de México, la proporción de adultos con formación universitaria o técnica superior se sitúa en un 22 por ciento, lo que revela un rezono estructural. Este porcentaje es inferior al promedio observado en los países miembros de la OCDE, quienes suelen registrar tasas de escolarización superior más elevadas en sus poblaciones adultas.
La brecha identificada no es solo estadística, sino que impacta directamente en la competitividad laboral de la fuerza de trabajo mexicana. Los adultos que no han accedido a estudios terciarios enfrentan mayores dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos del mercado global. La falta de capital humano avanzado limita la capacidad de innovación y productividad de las empresas locales e internacionales que operan en el territorio nacional.
Los expertos en política educativa señalan que cerrar esta distancia requiere de estrategias de inclusión que faciliten el ingreso y la permanencia de los jóvenes y adultos en las instituciones de enseñanza superior. El financiamiento público y privado debe orientarse a reducir las barreras económicas y geográficas que impiden a sectores amplios de la población concluir su formación. Sin estas medidas, el indicador de 22 por ciento podría estancarse en los próximos años.
La comparación con la OCDE sirve como un termómetro para evaluar las políticas públicas implementadas en el sector educativo. Mientras las economías de la organización promueven la universalización del acceso al conocimiento, México debe replantear sus modelos de oferta educativa para garantizar que la formación superior no sea un privilegio, sino un derecho accesible para la mayoría de la ciudadanía adulta.
Reducir la brecha de 22 por ciento en educación superior frente a la OCDE es un reto prioritario para el desarrollo económico y social de México. El aumento de esta proporción dependerá de la inversión sostenida en infraestructura académica y becas que permitan a más adultos concluir sus estudios terciarios, mejorando así la calidad de vida y la inserción laboral de la población.
