ASF detecta daño patrimonial de 2,749 millones en Veracruz

La Auditoría Superior de la Federación reveló un daño patrimonial de 2 mil 749 millones de pesos en el estado de Veracruz. Este hallazgo surge en el contexto de la revisión de la Cuenta Pública 2025 del gobierno estatal. La información contradijo afirmaciones previas de la titular del Ejecutivo, Rocío Nahle, quien ha defendido la transparencia de su administración.

El texto original señala que la gobernadora de Veracruz, nacida en Zacatecas, enfrenta cuestionamientos debido a los resultados de la auditoría federal. Según la denuncia, Nahle habría ordenado a sus colaboradores alterar la información presentada en la Cuenta Pública 2025 para ocultar las irregularidades financieras detectadas.

La Auditoría Superior de la Federación identificó específicamente un daño patrimonial cuantificado en 2 mil 749 millones de pesos. Esta cifra representa una de las mayores pérdidas económicas reportadas en la entidad y pone en duda la gestión financiera del actual gobierno estatal frente a la ciudadanía veracruzana.

El documento fuente critica fuertemente la postura de la mandataria, acusándola de utilizar términos despectivos hacia la oposición y de negar la gravedad de los hallazgos. Se menciona que la reacción oficial no ha sido la de corregir las anomalías, sino de buscar justificaciones políticas ante el escándalo mediático generado por los datos de la ASF.

La situación ha derivado en un enfrentamiento público donde se exige una explicación detallada sobre el destino de los recursos públicos. El texto original enfatiza la necesidad de que las autoridades aclaren las irregularidades y no minimicen el impacto económico que este daño patrimonial tiene sobre los servicios y la infraestructura del estado.

El hallazgo de la ASF coloca a la administración de Rocío Nahle en una posición vulnerable ante la opinión pública y los organismos de control. Se espera que las autoridades presenten una respuesta oficial que aborde el destino de los 2,749 millones de pesos y el proceso que llevó a la detección de este daño patrimonial en la Cuenta Pública 2025.

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