César Emilio Guijosa Hernández presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para impedir que las viviendas de interés social adquiridas con recursos públicos se conviertan en hospedajes turísticos. La propuesta busca que los inmuebles del Instituto de la Vivienda (INVI) se destinen exclusivamente a la residencia de las familias beneficiarias. El legislador argumenta que la especulación con estas casas afecta la función social de los programas públicos.
La iniciativa legislativa establece una prohibición directa para el uso comercial de estas viviendas como alojamientos temporales. Guijosa Hernández señaló que el objetivo principal es garantizar que los recursos públicos destinados a la vivienda social cumplan su propósito original. Al permitir que estas casas funcionen como hoteles o Airbnb, se distorsiona el mercado inmobiliario y se resta disponibilidad de vivienda a la población de menores ingresos.
El diputado explicó que la venta o renta de estas propiedades para fines turísticos genera un esquema de especulación que no corresponde a la lógica de la ayuda social. Las viviendas del INVI están diseñadas y financiadas para ser el hogar permanente de las familias que califican para los programas de apoyo. Permitir su uso como negocio turístico implica que el beneficio económico recaiga en dueños que han convertido la ayuda pública en una inversión rentable, dejando a otros ciudadanos sin acceso a estas unidades.
La propuesta busca cerrar la brecha entre la intención de los programas de vivienda y su uso real en el mercado. Al restringir el uso a la habitación propia, se protege el patrimonio público y se evita que las zonas de interés social se conviertan en zonas de turismo masivo no regulado. Esta medida podría sentar un precedente para otras entidades federativas que enfrentan problemas similares con la vivienda subsidiada.
La iniciativa ahoya el análisis de las comisiones legislativas competentes, quienes evaluarán la viabilidad jurídica y social de la propuesta. De aprobarse, la norma obligaría a los propietarios a revertir cualquier uso turístico y a destinar la vivienda únicamente a su residencia. La implementación de esta ley representaría un giro en la política de vivienda de la Ciudad de México, priorizando el derecho a la habitación sobre el uso comercial especulativo.
