El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que la Asamblea Legislativa aprobó y publicó la reforma que revoca el fuero a alcaldes, síndicos y regidores en la entidad. La medida tiene como objetivo principal garantizar la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos locales. Con esta decisión, los ediles podrán ser procesados penalmente sin las protecciones procesales que les otorgaba la legislación anterior.
Durante una entrevista concedida al programa En Contacto, Ahued detalló los cambios normativas que entran en vigor para los poderes municipales del estado. El funcionario señaló que la eliminación del privilegio procesal es un paso fundamental para fortalecer el combate contra la impunidad y asegurar que la ley se aplique de manera uniforme a todos los ciudadanos, incluidos aquellos que ejercen cargos de elección popular.
La reforma modifica el marco legal que protegía a los presidentes municipales y a los integrantes de los ayuntamientos frente a investigaciones penales. Anteriormente, la figura del fuero impedía que estos funcionarios fueran vinculados a proceso o detenidos mientras no se les retirara formalmente dicha protección, un procedimiento que en ocasiones retrasaba las acciones de la justicia por largos periodos.
Ahued Bardahuil enfatizó que la nueva disposición busca alinear las prácticas legales de Veracruz con los estándares de transparencia y responsabilidad exigidos por la sociedad. Al retirar esta inmunidad, se elimina un obstáculo administrativo que dificultaba las indagatorias de la Fiscalía General del Estado contra presuntos delitos cometidos por servidores públicos en el ámbito municipal.
Esta acción forma parte de un paquete de reformas institucionales orientadas a modernizar el sistema de justicia local y mejorar la eficiencia de las instituciones. El secretario de Gobierno subrayó que la prioridad es que cualquier funcionario que incurra en actos ilícitos responda ante la ley sin privilegios, lo que refuerza la confianza ciudadana en las autoridades estatales y municipales.
Con la publicación de la reforma, el estado de Veracruz se suma a la tendencia de reducir las inmunidades de los funcionarios públicos para agilizar los procesos judiciales. La implementación de esta norma marcará un precedente en la forma en que se investigan y sancionan los delitos cometidos por los integrantes de los ayuntamientos, priorizando la justicia efectiva sobre las protecciones procesales.
