El Ajusco, considerado el principal pulmón de la Ciudad de México, enfrenta una crisis de seguridad y territorialidad que ha derivado en la pérdida de 70 hectáreas de áreas naturales. La impunidad se ha consolidado como un factor determinante, permitiendo que grupos criminales se apropien de terrenos mediante la violencia. Actualmente, hay más de 87 carpetas de investigación archivadas relacionadas con estos hechos, lo que evidencia la falta de seguimiento efectivo por parte de las autoridades.
La situación en esta zona estratégica de la capital ha escalado hasta el punto de normalizar la violencia como mecanismo de control territorial. Los grupos criminales no solo ocupan los predios, sino que despojan a los habitantes locales mediante amenazas y agresiones directas. Esta dinámica ha convertido el Ajusco en un punto crítico donde la delincuencia organizada opera con una libertad que socava la seguridad pública y el orden cívico en la periferia de la ciudad.
Las cifras reflejan la magnitud del problema judicial. Con 87 carpetas de investigación archivadas, el sistema de justicia ha fallado en impartir castigos ejemplares o en prevenir la reincidencia de estos delitos. El archivo de estos expedientes deja a las víctimas sin reparación del daño y a los perpetradores sin consecuencias legales significativas, lo que fomenta un ciclo de impunidad que se repite con cada nuevo intento de despojo.
El impacto ambiental y social es igualmente devastador. La pérdida de 70 hectáreas de áreas naturales reduce la capacidad de regulación hídrica y la calidad del aire de la metrópoli. Además, la presencia constante de violencia genera desplazamientos forzados y un clima de miedo que afecta la convivencia comunitaria. La transformación del espacio verde en un territorio disputado por el crimen organizado representa una pérdida irreversible para el ecosistema urbano.
La falta de acciones concretas por parte de las instituciones responsables ha permitido que la criminalidad se instale de forma permanente. La combinación de despojo, asesinatos y la inacción judicial ha creado un escenario donde el Estado parece ausente. Esta realidad pone en riesgo no solo la integridad física de los residentes, sino también la estabilidad de uno de los ecosistemas más importantes para el equilibrio ambiental de la Ciudad de México.
La acumulación de casos archivados y la continua pérdida de territorio natural evidencian una falla estructural en la respuesta institucional. Mientras no se reviertan las condiciones de impunidad y se implementen estrategias efectivas de protección, el Ajusco continuará siendo vulnerable ante la expansión de los grupos criminales, comprometiendo el futuro ambiental y social de la capital.