La mandataria estatal rechazó las acusaciones sobre la falta de comprobación de 898 millones de pesos de recursos federales. En su defensa, argumentó que asumió una deuda heredada cercana a los 3 mil millones de pesos. Entre los pasivos que señala se encuentran 327 millones de pesos correspondientes al proyecto del Puente.
Abelina López Rodríguez enfrentó directamente las críticas dirigidas a su gestión financiera. Al hablar sobre los 898 millones de pesos que presuntamente no han sido justificados ante la federación, la gobernadora insistió en que no existe ningún acto de desvío de recursos ni de corrupción por parte de su equipo de trabajo. Su posición se centra en la solvencia de su administración frente a las exigencias de transparencia.
El punto central de la controversia radica en la situación financiera que la gobernadora encontró al iniciar su periodo. López Rodríguez afirmó que recibió una carga económica significativa que limitó las posibilidades de inversión y obra nueva durante sus primeros meses. Esta situación, según la funcionaria, obligó a priorizar el pago de compromisos adquiridos por el gobierno anterior antes de iniciar nuevas acciones.
Dentro de los pasivos que la mandataria detalla, destaca una cifra de 327 millones de pesos vinculados específicamente al Puente. Aunque el texto original no especifica las características técnicas de esta obra ni el estado exacto de su construcción, la gobernadora la incluye como parte de la deuda total que supera los 3 mil millones de pesos. Esta cifra total representa el monto que, según su versión, resta de las finanzas públicas para poder cumplir con nuevas erogaciones.
La reacción de la gobernadora busca desestimar la narrativa de malversación de caudales públicos. Al contrastar los 898 millones cuestionados por la falta de comprobación con los 3 mil millones de deuda heredada, López Rodríguez intenta contextualizar la dificultad presupuestal. Su defensa no niega el monto de los recursos federales, pero sí atribuye el retraso en su justificación a la complejidad de la situación financiera previa.
La administración de Abelina López Rodríguez mantiene su postura de que no hubo robo de recursos, atribuyendo las irregularidades contables a la herencia de una deuda millonaria. La discusión sobre la justificación de los 898 millones de pesos continuará siendo un eje central en la evaluación del desempeño financiero del estado, mientras la gobernadora insiste en que sus acciones fueron necesarias para estabilizar las finanzas públicas heredadas.
