El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados la existencia de una agenda paralela. El funcionario aclaró que su gestión se centra exclusivamente en la seguridad pública y no en preparativos electorales. Esta declaración busca disipar rumores sobre posibles movimientos políticos anticipados dentro de la dependencia.
El titular de la SSPC compareció ante los legisladores el jueves para rendir cuentas sobre los asuntos pendientes de la institución. Durante su intervención, abordó directamente las especulaciones sobre su posible candidatura o involucramiento en la política de 2030. García Harfuch fue tajante al afirmar que no existe un «destape» ni una estrategia encubierta para participar en elecciones futuras.
El secretario enfatizó que su responsabilidad como servidor público es garantizar la tranquilidad de la población y no construir bases para una carrera electoral. Rechazó la idea de que la Secretaría de Seguridad sirva como plataforma para intereses políticos personales o de terceros. Esta postura busca blindar la imagen de la dependencia frente a críticas que sugieren una falta de neutralidad en la gestión de la seguridad.
La negativa a confirmar una agenda paralela llega en un contexto de alta sensibilidad política, donde cada movimiento de un funcionario de alto rango es escrutado por la oposición y la ciudadanía. García Harfuch insistió en que el trabajo de la SSPC debe mantenerse aislado de las dinámicas electorales para evitar la polarización de la política de seguridad.
Además de desmentir los rumores, el funcionario aprovechó la sesión para detallar los avances operativos y administrativos de la secretaría. La comparecencia sirvió como un espacio formal para alinear la narrativa institucional con los objetivos de la administración federal, priorizando la continuidad del servicio público por encima de cualquier otra consideración.
Con esta declaración, el gobierno federal busca cerrar el debate sobre la posible participación de altos mandos en las elecciones presidenciales de 2030. La negativa a reconocer una agenda política alternativa reafirma el compromiso oficial de mantener la separación entre la función pública y la actividad partidista. La atención ahora se centra en el cumplimiento de los indicadores de seguridad prometidos durante la sesión legislativa.