La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó la existencia de un sistema de autogobierno en tres centros penitenciarios de la Ciudad de México. La investigación reveló la presencia generalizada de prácticas de extorsión y sobornos por parte de internos. Además, se identificaron fallas severas en la prevención de violaciones a derechos humanos y en el control de incidentes violentos dentro de esos recintos.
El organismo de protección de derechos humanos detalló que la situación en estos tres penales ha derivado en una dinámica donde los internos ejercen control sobre la operación cotidiana de las instalaciones. Esta condición de autogobierno impide que las autoridades penitenciarias mantengan el orden y la seguridad requeridos para la reclusión legal de los procesados y sentenciados.
Entre los hallazgos más preocupantes de la investigación destaca la generalización de la extorsión y los sobornos. Estos mecanismos de coerción económica no solo afectan a los internos, sino que permeabilizan la estructura de poder dentro de los centros de reclusión, facilitando la operación de actividades ilícitas bajo la sombra de la impunidad institucional.
La CNDH señaló que las fallas en la prevención de violaciones a derechos humanos son severas y sistemáticas. La incapacidad de las autoridades para controlar los incidentes violentos ha dejado a la población penitenciaria en un estado de vulnerabilidad extrema, donde la integridad física y psicológica de los reclusos está constantemente en riesgo.
La presencia de actividades ilícitas dentro de los muros penitenciarios confirma que la justicia no se ha cumplido en estos espacios. La falta de supervisión efectiva y la permisividad ante el autogobierno han creado un entorno propicio para la delincuencia organizada y el crimen común, desvirtuando el propósito rehabilitador y de seguridad del sistema penitenciario capitalino.
La denuncia de la CNDH pone en evidencia la urgencia de reformar las políticas de seguridad y supervisión en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. La continuidad de estas prácticas violentas y corruptas representa una violación grave a la dignidad humana y un desafío directo al Estado de derecho.
