El proyecto de licuefacción de gas natural en Guaymas, Sonora, opera con permisos energéticos vigentes, pero enfrenta un obstáculo legal significativo. La autorización emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Ambiental está bajo dos suspensiones que impiden su ejecución inmediata. Esta situación mantiene en pausa la fase de construcción mientras se resuelve el litigio en los tribunales.
La infraestructura de Amigo GNL en el puerto de Guaymas cuenta con la totalidad de los permisos energéticos necesarios para su desarrollo. Sin embargo, la licencia ambiental otorgada por la autoridad estatal no puede surtir efectos prácticos debido a las medidas cautelares activas. Estas suspensiones fueron concedidas tras las impugnaciones presentadas por partes afectadas o grupos ambientalistas que cuestionan el impacto del proyecto.
El proceso legal actual impide que la empresa avance con las obras de construcción de la planta de licuefacción. Aunque el permiso energético es firme, la falta de una autorización ambiental ejecutable bloquea la operación física del sitio. Los demandantes sostienen que existe un riesgo inminente para el entorno ecológico de la región, lo que justifica la paralización de actividades hasta que un juez emita una sentencia definitiva.
La controversia resalta la complejidad regulatoria a la que se enfrentan las grandes inversiones energéticas en México. La coexistencia de permisos federales y estatales crea un escenario donde la validación de uno no garantiza la libertad total para operar si el otro está en disputa. Las suspensiones actúan como un mecanismo de protección preventiva mientras se analiza la legalidad y el cumplimiento de las normativas ambientales aplicables al proyecto.
El avance del complejo de Amigo GNL en Guaymas dependerá exclusivamente de la resolución judicial sobre las suspensiones activas. Hasta que no se levanten estas medidas cautelares, la autorización ambiental permanecerá inoperante y las obras no podrán iniciar. La empresa y las autoridades locales esperan que la sentencia final determine la viabilidad jurídica del proyecto en la costa del Pacífico mexicano.