El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, informó ante el Senado que la mejora en los ingresos gubernamentales se debe al reforzamiento de las medidas contra la evasión y la elusión fiscal. La dependencia federal destacó que cerrar la puerta a estas prácticas ilegales es una prioridad central de la actual administración para garantizar la estabilidad económica del país.
Édgar Amador detalló durante su comparecencia en la Cámara de Senadores que los esfuerzos institucionales se han centrado en identificar y detener las estrategias que permiten a contribuyentes ocultar o reducir ilegalmente sus obligaciones tributarias. Esta estrategia busca asegurar que todos los agentes económicos cumplan con las leyes fiscales vigentes, reduciendo así las fugas de recursos que afectan al erario público.
La lucha contra la evasión no solo busca recuperar ingresos perdidos, sino también generar un entorno de competencia leal donde las empresas que cumplen con la ley no se vean perjudicadas por la competencia desleal de quienes operan en la informalidad o mediante esquemas de elusión. Amador señaló que esta línea de trabajo ha sido fundamental para sostener los niveles de recaudación en los últimos años, permitiendo al gobierno federal mantener sus programas de gasto y desarrollo.
Además de la fiscalización tradicional, la Secretaría de Hacienda ha intensificado la coordinación entre las distintas áreas de control aduanero y tributario para detectar de manera más eficiente los flujos de recursos no declarados. Este enfoque integral permite abordar tanto las irregularidades en el comercio exterior como las prácticas contables fraudulentas dentro del territorio nacional, fortaleciendo la capacidad de respuesta del organismo recaudador.
Con esta exposición, la SHCP reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad fiscal como pilares para el crecimiento económico de México. La continuidad de estas medidas de combate a la evasión y la elusión será determinante para mantener la solidez de las finanzas públicas en el mediano plazo, asegurando recursos suficientes para las políticas públicas prioritarias de la administración federal.