El alcalde de Xalapa, Julio Menchaca Salgado, conocido popularmente como Ahued, solicitó a la Fiscalía General del Estado que determine la existencia de responsabilidad penal por parte de ex funcionarios del ayuntamiento. La petición se centra en el otorgamiento de permisos para la instalación y operación de una tienda de productos que actualmente genera controversia en la ciudad. El edil insistió en que las autoridades ministeriales deben actuar con base en la ley para esclarecer los hechos y evitar impunidad.
La solicitud del munícipe se dirige directamente a la Fiscalía General del Estado, institución que tiene la facultad de investigar y determinar si hubo irregularidades en la concesión de los permisos correspondientes. Ahued señaló que corresponde a este órgano jurisdiccional evaluar si algún ex servidor público incurrió en actos que configuren un delito. El objetivo es garantizar que se aplique la justicia de manera imparcial y rigurosa en este caso específico.
El punto central de la controversia radica en los trámites realizados para habilitar la operación de la tienda. Según la postura del gobierno municipal actual, es indispensable revisar la legalidad de los documentos y las decisiones tomadas por la administración anterior. Se busca establecer si se cumplieron todos los protocolos y normativas vigentes al momento de autorizar la instalación del comercio.
Ahued enfatizó que la investigación debe ser exhaustiva para definir si existe una responsabilidad penal concreta. Al trasladar la carga de la investigación a la FGE, el alcalde busca que la determinación sea técnica y legal, alejada de las especulaciones políticas. Esta estrategia busca darle transparencia al proceso y asegurar que cualquier fallo se base en pruebas sólidas y verificables.
La intervención de la Fiscalía es vista como un paso necesario para cerrar el capítulo de las irregularidades administrativas. El mensaje de Ahued es claro: la ley debe prevalecer sobre cualquier otro criterio. Se espera que la institución ministerial inicie las diligencias necesarias para recabar información, entrevistar a los involucrados y emitir un dictamen final sobre la situación.
La determinación de la Fiscalía General del Estado será decisiva para el futuro de los ex funcionarios señalados. El municipio de Xalapa espera que la investigación arroje resultados definitivos que permitan sanear la administración pública. La ciudadanía quedará a la espera de los avances que reporte la institución jurídica en los próximos días.
