Integrantes de colectivos de familias buscadoras tomaron las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas en Orizaba, Veracruz. El grupo se concentró en la calle Sur 15, entre Oriente 12 y 14, para exigir la asignación de más personal y una atención efectiva a sus casos. Los manifestantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta que las autoridades atiendan sus demandas específicas sobre la falta de recursos humanos en la dependencia.
La acción directa tuvo lugar en las oficinas ubicadas sobre la calle Sur 15, en la zona del oriente de la ciudad de Orizaba. Los integrantes de los colectivos ingresaron a las instalaciones para hacer visible la carencia de personal que, según denuncian, impide el avance en las investigaciones de los casos de desaparición. Este escenario se da en un contexto donde las familias han solicitado reiteradamente el fortalecimiento del equipo de trabajo de la Fiscalía Especializada.
Los manifestantes señalaron que la falta de agentes y especialistas dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas ralentiza los procesos de investigación. Al tomar las instalaciones, los colectivos buscaron obligar a la institución a recibir a sus representantes para dialogar sobre la asignación de nuevos perfiles. La ubicación estratégica de la fiscalía, entre las avenidas Oriente 12 y 14, concentró la atención de los medios y de las autoridades locales durante el desarrollo de la toma.
La advertencia emitida por los buscadores fue clara: la protesta no se suspenderá hasta que se concrete la incorporación del personal solicitado. Este tipo de medidas de presión busca romper la inercia administrativa que, a juicio de las familias, ha dejado sin respuesta a los cientos de casos registrados en la región. La toma de la fiscalía subraya la urgencia que sienten los colectivos ante la impunidad y la lentitud en las carpetas de investigación.
La toma de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Orizaba reafirma la exigencia de las familias de contar con una institución con capacidad operativa suficiente. El próximo paso dependerá de la disposición de las autoridades para negociar la incorporación del personal demandado y restablecer el diálogo con los colectivos. La situación permanece tensa mientras se espera una respuesta oficial que dé cuenta de los acuerdos alcanzados o de la postura institucional ante la movilización.
