Padres de tres recién nacidos fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente acudieron a la Fiscalía General de la República. Las familias buscan esclarecer las causas de los decesos ocurridos en la institución de salud. La denuncia se realiza en el contexto de un aumento en los reportes de mortalidad neonatal en el país.
Los padres de los tres neonatos que perdieron la vida en la UCIN del IMSS en Guadalajara, Jalisco, presentaron formalmente sus denuncias ante las autoridades federales. El objetivo principal es investigar a fondo las circunstancias que rodearon cada uno de los fallecimientos. Las familias exigen transparencia y una respuesta clara por parte de la institución médica.
Este caso se suma a la controversia desatada tras los incidentes reportados en Durango, donde también se denunciaron muertes de bebés bajo atención médica especializada. La situación ha generado preocupación entre la sociedad civil y organismos de derechos humanos. La comparación entre ambos casos ha llevado a las familias a buscar una vía judicial para garantizar que no existan negligencias sin castigo.
La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente es una de las unidades de referencia en la región para el tratamiento de recién nacidos en estado crítico. La muerte de tres pacientes en este espacio ha motivado la intervención directa de la Fiscalía General de la República. Las indagatorias se centrarán en el expediente clínico y en los protocolos seguidos por el personal de salud.
Las familias afectadas describieron su dolor y su necesidad de justicia después de haber confiado su atención a la institución. La denuncia colectiva busca evitar que estos hechos queden impunes y servir de precedente para mejorar la seguridad en la atención neonatal. El proceso legal determinará si hubo errores humanos o fallas sistémicas en la atención brindada.
La Fiscalía General de la República tiene ahora la responsabilidad de investigar los expedientes de los tres menores fallecidos. El resultado de estas indagaciones definirá si existen responsabilidades penales para el personal involucrado. La ciudadanía observa con atención este proceso, esperando que se restablezca la confianza en los servicios de salud pública y se implementen medidas preventivas contra futuros incidentes.
