El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados afirmó que ningún alcalde debe ser presionado para avalar la eliminación del fuero. La reforma constitucional aún requiere el respaldo de al menos 107 de los 212 ayuntamientos para ser aprobada. Esta declaración busca frenar las maniobras políticas que buscan forzar la decisión de los jefes municipales.
La advertencia surge en un contexto de alta tensión política donde se busca modificar el sistema de protección legal de los servidores públicos. El líder de la Jucopo enfatizó que la aprobación de esta iniciativa debe ser un acto libre y voluntario de cada consejo de ayuntamiento, sin coacción externa.
El proceso legislativo establece que las reformas constitucionales que afectan la estructura de los poderes locales necesitan una mayoría calificada. En este caso, el umbral mínimo de 107 votos a favor entre los 212 ayuntamientos del país es indispensable para que la propuesta avance hacia su promulgación.
Cualquier intento de imponer una posición política a los alcaldes vulneraría la autonomía municipal y el debido proceso legislativo. El presidente de la Jucopo señaló que la presión puede generar resentimiento y complicar la negociación de otros temas pendientes en la agenda del Congreso.
La defensa de la independencia de los ayuntamientos es clave para mantener la legitimidad de la reforma. Los legisladores insisten en que la eliminación del fuero debe contar con un consenso amplio y no ser producto de imposiciones partidistas o personales.
La reforma continuará su recorrido legislativo mientras se busca el consenso necesario entre los municipios. La presión sobre los alcaldes podría retrasar o bloquear la iniciativa, por lo que el diálogo institucional se vuelve prioritario para alcanzar el quórum requerido.