Carolina Viggiano Austria, senadora y secretaria general del PRI, registró en su declaración patrimonial la venta de un terreno por un monto total de 17.9 millones de pesos. La operación fue realizada a favor de una empresa que no cuenta con actividad económica comprobada, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de la transacción.
La información surge de los documentos oficiales presentados por la legisladora, quien ocupa actualmente el cargo de secretaria general del Partido Revolucionario Institucional. En el desglose de sus ingresos, Viggiano Austria detalla la enajenación del inmueble como el motivo principal de la obtención de dicha cifra, la cual representa una suma considerable frente a sus otros ingresos declarados.
La controversia gira en torno a la identidad del comprador, identificado como una sociedad anónima que no registra operaciones comerciales activas ni presencia pública relevante. Este tipo de entidades, comúnmente denominadas empresas fantasma, suelen utilizar estructuras legales para ocultar el origen o destino de recursos financieros, lo que eleva la sospecha sobre la naturaleza real de la operación inmobiliaria.
La senadora no ha emitido todavía una respuesta pública detallada que aclare los términos del contrato ni la veracidad de la contraparte. La falta de información adicional sobre la ubicación exacta del terreno y las condiciones de pago ha impedido a la ciudadanía y a los organismos de control realizar una verificación independiente de la legalidad del negocio.
El contexto político de Viggiano Austria añade un peso específico al escándalo, dado su alto perfil al interior de la cúpula priísta y su responsabilidad en la organización del partido. La transparencia en la declaración de bienes es un requisito legal para los servidores públicos, y cualquier inconsistencia en estos reportes puede derivar en investigaciones administrativas o penales por enriquecimiento ilícito.
La situación exige una aclaración inmediata por parte de la senadora y de las autoridades competentes para determinar si la venta cumple con la normativa fiscal y anticorrupción vigente. La ciudadanía espera que se revele la totalidad de los contratos y se identifique al beneficiario final de los 17.9 millones de pesos para descartar cualquier práctica irregular.
