Carlos Arango Juárez, representante del Frente Nacional de Migrantes, condenó la iniciativa presidencial que busca modificar la Constitución para restringir la doble nacionalidad. El líder comunitario calificó la medida como un retroceso histórico en los derechos políticos de los connacionales residentes en Estados Unidos. La crítica se centra en la eliminación de la posibilidad de votar desde el extranjero y la pérdida de derechos civiles para quienes poseen dos identidades.
La declaración fue emitida desde Chicago, Illinois, el 27 de septiembre de 2026, en respuesta a los cambios legislativos impulsados por el gobierno federal mexicano. Arango Juárez sostuvo que la propuesta representa una contradicción con los principios de inclusión que han caracterizado a las políticas migratorias recientes. Para el Frente Nacional, esta acción debilita el vínculo cívico entre la diáspora mexicana y su país de origen.
El funcionario advirtió que la reforma no solo afecta a los ciudadanos que ya poseen doble nacionalidad, sino que también desincentiva la regularización migratoria de nuevos residentes. La medida propuesta busca alinear la legislación mexicana con un modelo de exclusividad en la ciudadanía, lo cual genera preocupación entre las comunidades organizadas en el vecino país del norte. Arango Juárez enfatizó que la población migrante es un pilar fundamental para la economía y la identidad nacional.
Asimismo, el representante cuestionó el silencio de las autoridades mexicanas ante las preocupaciones de la diáspora. Señaló que la falta de diálogo previo con los líderes comunitarios de Estados Unidos agrava la tensión y la desconfianza. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido interpretada por los críticos como una señal de cerrazón política hacia la comunidad mexicana en el exterior.
La reacción del Frente Nacional de Migrantes es parte de una serie de pronunciamientos que han surgido en distintas ciudades de Estados Unidos. Los activistas preparan estrategias legales y de presión política para revertir o modificar los artículos constitucionales en cuestión. La comunidad observa con atención los próximos pasos del Congreso mexicano ante el rechazo unánime de los grupos organizados en el extranjero.
El conflicto entre el gobierno federal y la diáspora mexicana se intensifica ante la posible aprobación de la reforma. Los líderes de migrantes insisten en que la ciudadanía debe ser un derecho universal y no una herramienta de exclusión política. La implementación de esta norma marcará un precedente histórico en la relación entre México y su población residente en Estados Unidos.