El alcalde de Orizaba, Hugo Chahín Kuri, descartó que la reforma constitucional aprobada por el Congreso local para eliminar la declaración de procedencia genere inquietud dentro de su administración. El edil señaló que la decisión legislativa no modifica la forma en que su equipo de gobierno conduce los asuntos públicos en el municipio veracruzano.
La reforma aprobada por el Congreso del estado busca acabar con la figura jurídica conocida como fuero, la cual permitía a los presidentes municipales contar con un procedimiento especial para ser procesados penalmente. Con esta modificación, los alcaldes quedarán sujetos al mismo sistema de justicia que cualquier otro ciudadano, eliminando la etapa de declaración de procedencia que antes servía como filtro para iniciar una causa.
Hugo Chahín Kuri se pronunció al respecto para dejar claro que su gestión no se ve afectada por este cambio normativo. El munícipe sostuvo que su enfoque permanece centrado en la gestión de los servicios y proyectos de la ciudad, independientemente de las variaciones en el marco legal que protegen a los funcionarios.
La postura del alcalde de Orizaba busca transmitir estabilidad y confianza a la población y a los colaboradores del ayuntamiento. Al afirmar que no existe preocupación, el edil intenta neutralizar cualquier especulación sobre posibles consecuencias políticas o legales derivadas de la nueva disposición constitucional en el estado.
Este tipo de reformas constitucionales forman parte de un proceso más amplio de modernización del sistema de justicia en Veracruz. La eliminación del fuero para los presidentes municipales busca fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que los delitos cometidos por estos funcionarios sean investigados sin privilegios procesales específicos.
La decisión del Congreso local marca un precedente significativo para los funcionarios municipales en la entidad. La declaración de Hugo Chahín Kuri establece una línea de continuidad en el ejercicio de sus funciones, mientras el nuevo marco legal entra en vigor y redefine las responsabilidades penales de los gobernantes locales en Orizaba.
