La diputada local Yuriria Iturbe Vázquez aclaró que la propuesta no busca vetar el uso de teléfonos móviles en planteles educativos, sino regular su manejo. La legisladora enfatizó que los dispositivos pueden ser herramientas pedagógicas valiosas si se usan bajo pautas claras. Además, advirtió sobre la necesidad de evitar reglas rígidas que no contemplen situaciones de emergencia o necesidades de discapacidad.
Durante su intervención en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Iturbe Vázquez precisó que el objetivo es establecer lineamientos que permitan la convivencia tecnológica en el aula. La diputada señaló que la prohibición total resulta contraproducente y no se ajusta a las realidades actuales de la educación ni de la comunicación social.
La legisladora argumentó que los celulares pueden integrar el proceso de aprendizaje si se gestionan correctamente. Por ello, propuso un enfoque de regulación que distinga entre el uso recreativo no autorizado y el aprovechamiento didáctico de las herramientas digitales. Esta diferenciación busca preservar la concentración de los alumnos sin despojarlos de recursos que pueden enriquecer la enseñanza.
Un punto central de su declaración fue la exigencia de flexibilidad ante casos excepcionales. Iturbe Vázquez pidió a las autoridades educativas y directivos escolares evitar reglas tajantes que ignoren las urgencias médicas o las dificultades específicas de estudiantes con discapacidad. En estos escenarios, el acceso al dispositivo es vital para la seguridad y la inclusión del alumnado.
La postura de la diputada busca cerrar el debate entre la prohibición absoluta y la permisividad total. Al promover una marco normativo flexible, se pretende que cada escuela adapte sus protocolos según sus necesidades particulares. De esta manera, se garantiza que la tecnología sirva a la educación y no se convierta en una fuente de distracción o conflicto.
La propuesta de Iturbe Vázquez sienta las bases para una discusión más matizada sobre la tecnología en las aulas. La implementación de estas regulaciones requerirá de acuerdos entre docentes, padres de familia y autoridades educativas. El éxito de la medida dependerá de su aplicación sensible y contextualizada en cada comunidad escolar.
