La Legislatura estatal aprobó una reforma constitucional que deroga la declaración de procedencia para presidentes municipales, síndicos y concejales. La votación contó con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención. Este cambio busca agilizar los procesos penales contra funcionarios públicos en ejercicio.
La reforma modifica el artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Con esta modificación, se elimina la figura de la declaración de procedencia, un mecanismo jurídico que tradicionalmente otorgaba una protección especial a los altos cargos municipales. Los legisladores consideran que esta figura obstaculizaba la justicia al requerir un proceso adicional antes de que un juez ordinario pudiera procesar a un funcionario.
La votación se realizó este jueves en el recinto legislativo. El resultado fue contundente, con 38 votos a favor de la iniciativa, nueve en contra y una abstención. Este consenso amplio refleja la determinación de la mayoría parlamentaria de fortalecer el combate a la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en los ayuntamientos veracruzanos.
Antes de esta reforma, iniciar un procedimiento penal contra un alcalde o un síndico exigía que el Congreso primero declarara procedente la apertura del juicio. Ese trámite podía demorar meses o incluso años, dependiendo de la carga de trabajo de la Comisión de Justicia. Al eliminar este paso, los casos contra funcionarios municipales pasarán directamente a los tribunales penales con la misma celeridad que cualquier otro delito.
La decisión impacta directamente a los tres niveles de representación en los municipios: presidentes, síndicos y presidentes de comisiones. Ahora, cualquier denuncia penal será atendida por el sistema judicial ordinario sin la barrera de la inmunidad legislativa. Este avance se enmarca en estrategias nacionales y estatales para reducir la impunidad en la función pública y proteger los recursos de los ciudadanos.
Con la aprobación de esta reforma, los funcionarios municipales veracruzanos pierden la protección jurídica que les impedía ser procesados de manera inmediata. Los próximos pasos incluyen la publicación en el Periódico Oficial y la aplicación inmediata de la nueva norma a los casos penales que se encuentren en curso o que se inicien a partir de ahora.
