Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla organizaron una marcha para conmemorar el aniversario de los hechos de Ayotzinapa. El grupo solicitó la localización de los 43 normalistas y una investigación transparente sobre la violencia contra la comunidad educativa. La movilización buscó visibilizar la deuda pendiente del Estado mexicano con las familias de las víctimas.
La comunidad estudiantil de la BUAP se congregó para recordar el duodécimo aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La marcha se enmarca en un contexto de exigencia constante por la verdad y el castigo a los responsables de uno de los crímenes más graves de la historia reciente del país. Los participantes recorrieron las calles para manifestar su rechazo a la impunidad que, según sus demandas, aún persiste en torno a este caso.
Durante la movilización, los alumnos de la universidad pública alzaron la voz para exigir justicia no solo por los normalistas de Guerrero, sino también por otros estudiantes de la BUAP que han sido víctimas de homicidio en años recientes. Esta doble exigencia subraya la vulnerabilidad de la juventud estudiantil ante la violencia en la región. Los marchantes señalaron que la falta de soluciones concretas ha generado un clima de inseguridad que afecta la estabilidad social y académica.
El recorrido contó con la participación de colectivos de derechos humanos y familiares de desaparecidos que se sumaron al grito de alerta. Las pancartas y consignas reflejaron la indignación por la nula resolución judicial efectiva en los últimos doce años. La presencia masiva demostró que la memoria de los 43 sigue siendo un motor de acción política y social para el movimiento estudiantil poblanos.
Los organizadores advirtieron que la conmemoración no es un evento aislado, sino parte de una lucha continua por los derechos humanos. Se enfatizó que la justicia no puede esperar más tiempo y que las instituciones deben rendir cuentas ante la sociedad civil. La demanda central sigue siendo la localización con vida de los desaparecidos o, en su defecto, el esclarecimiento total del paradero de sus restos mortales.
La marcha concluyó con la reiteración de la exigencia de justicia y la promesa de mantener la presión social hasta obtener resultados tangibles. El gobierno y los poderes judiciales son ahora los responsables de atender estas demandas para evitar que la violencia contra los jóvenes continúe impune. La sociedad civil observa con atención las acciones que se deriven de esta conmemoración.
