Un proyecto de ley que modifica el artículo 403-bis del Código Federal de Protección a la Propiedad Industrial ha generado controversia en México. La iniciativa busca ampliar la definición de delitos contra la propiedad industrial para incluir contenidos en plataformas digitales. Críticos señalan que la norma podría utilizarse para silenciar a periodistas y ciudadanos que critican a empresas o funcionarios.
El debate se centra en la propuesta presentada ante el Senado de la República, donde legisladores del partido Morena impulsan cambios normativos específicos. El texto original sugiere que la protección de la propiedad industrial se extienda a la difusión de información negativa en internet, bajo el argumento de defender los derechos de las marcas. Esta modificación legal permitiría procesar penalmente a quienes compartan contenido que los promotores consideren una violación a sus intereses comerciales o de imagen.
La reacción de los sectores periodístico y político ha sido inmediata y contundente. Diversos analistas califican la iniciativa como un intento de censura disfrazado de protección jurídica. El temor principal es que la ley se convierta en una herramienta para demandar o encarcelar a reporteros, influencers y ciudadanos que ejerzan su derecho a la libre expresión. La aplicación de penas de prisión por opiniones o reportajes en redes sociales representa un retroceso significativo en las libertades civiles del país.
El artículo 403-bis actualmente regula las infracciones a los derechos de propiedad industrial, como la falsificación de marcas o el uso no autorizado de patentes. Sin embargo, la enmienda propuesta difumina la línea entre la competencia desleal y la crítica legítima. Al incluir la difusión digital como acto delictivo, se abre la puerta a una interpretación subjetiva que podría ser manipulada por actores con recursos para acallar voces disidentes.
La situación ha elevado la tensión entre el poder legislativo y la sociedad civil. Los opositores a la reforma exigen la retirada inmediata de la iniciativa o una revisión profunda que garantice la protección de la libertad de prensa. La discusión no es solo técnica, sino de principios constitucionales, ya que el artículo 6 de la Constitución protege el derecho a manifestar libremente las opiniones sin censura.
La iniciativa sigue en el dictamen del Senado, pero la presión de medios de comunicación y organizaciones civiles podría obligar a modificar o archivar la propuesta. El avance de esta ley marcaría un precedente peligroso para la independencia de la prensa y la libertad de expresión en México.