El Pleno del Congreso de Veracruz aprobó la enajenación de 46 unidades automotrices pertenecientes al Organismo Público Local Electoral. De esta cantidad, 29 vehículos son propiedad directa del organismo y 17 más corresponden al Ayuntamiento de Tantoyuca. La decisión se fundamenta en el estado de deterioro, daños o desgaste avanzado que presentan los automóviles, lo que impide su uso operativo.
La autorización fue otorgada durante la sesión del Pleno legislativo, donde se analizó la situación patrimonial del OPLE. Los legisladores determinaron que la venta es la vía más adecuada para liberar recursos y evitar la devaluación total del inventario vehicular. Los 29 vehículos del organismo electoral se encuentran en condiciones que no justifican su mantenimiento o reparación por parte de la institución.
Por otro lado, los 17 vehículos restantes están registrados a nombre del Ayuntamiento de Tantoyuca, aunque forman parte del patrimonio que el OPLE gestiona o rescató en procesos anteriores. La inclusión de estas unidades en la misma resolución permite agilizar el trámite administrativo y la disposición final de los bienes. Se estableció que la enajenación debe realizarse conforme a la normativa vigente que regula la venta de bienes muebles por parte de los entes públicos.
La justificación principal de esta medida es la obsolescencia técnica de los vehículos. Los dictámenes técnicos indican que las unidades presentan daños estructurales o mecánicos que reducen su valor de reventa si no se dispone de ellas de manera inmediata. Mantener estas unidades en el inventario genera costos de almacenamiento y vigilancia que superan el beneficio de su conservación. Por ello, el Congreso avaló la transferencia de estos activos a través de un proceso de venta a terceros.
Este tipo de maniobras administrativas buscan optimizar el manejo de los recursos públicos y aligerar la carga operativa de los organismos electorales. La venta de vehículos dañados permite que el dinero obtenido pueda ser destinado a otras prioridades institucionales o al equilibrio presupuestal. No se detallaron en el acta los montos estimados de la venta, pero se enfatizó que el proceso será transparente y auditable. La disposición de los bienes responde a una política de renovación y eficiencia en la gestión patrimonial estatal.
Con la aprobación del Pleno, el OPLE queda facultado para iniciar los trámites legales y administrativos necesarios para la subasta o venta directa de los 46 vehículos. Se espera que la operación concluya en un plazo razonable para que los recursos generados sean incorporados a las finanzas correspondientes. El Congreso supervisará que el proceso se realice sin irregularidades y que el destino de los fondos beneficie a la operación institucional.
