El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, conocido como ORFIS, determinó que el grupo empresarial MAS incumplió las obligaciones establecidas en su título de concesión. La falta de cumplimiento se refiere específicamente a los servicios de agua y saneamiento en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo. Esta resolución surge tras una revisión de las condiciones en las que la empresa opera sus infraestructuras hidráulicas.
La autoridad fiscalizadora verificó que la compañía no atendió los requerimientos legales y técnicos necesarios para operar correctamente las redes de agua potable y drenaje en ambas demarcaciones. El título de concesión establece un marco estricto de obligaciones que el concesionario debe cumplir para garantizar el servicio a la población de la zona conurbada.
El incumplimiento detectado pone en evidencia fallas en la gestión de la infraestructura que la empresa administra. Estas omisiones pueden afectar la eficiencia del suministro y la calidad del servicio de saneamiento básico que reciben los habitantes de Veracruz y Medellín de Bravo.
La determinación del ORFIS busca resguardar el interés público y asegurar que los recursos destinados a infraestructura hidráulica se utilicen conforme a la normatividad vigente. La fiscalización superior actúa como garante de que las concesiones privadas respeten los compromisos adquiridos con el Estado y con los usuarios finales.
Esta situación resalta la importancia de la supervisión constante sobre los servicios básicos en la entidad. La revisión de las obligaciones del Grupo MAS forma parte de las acciones de control que realiza el organismo para prevenir irregularidades en la administración del agua, un recurso estratégico para la región.
La resolución del ORFIS establece la base para las acciones correctivas o sancionadoras que procedan en contra del concesionario. El caso servirá como precedente para la fiscalización de otros contratos similares en la entidad, reforzando el compromiso de la autoridad con la transparencia y la calidad de los servicios públicos esenciales.
