Sheinbaum afirma que no podrían operar empresas cazadeportados en México

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las empresas conocidas como cazadeportados no podrían ejercer su actividad en territorio nacional. La mandataria aclaró que, hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no le ha informado sobre la presencia de estos grupos en el país.

La jefa del Ejecutivo federal hizo estas declaraciones al ser cuestionada sobre los rumores y reportes que circulan en medios internacionales acerca de la posible intervención de particulares en la repatriación de migrantes. Sheinbaum fue enfática en señalar que cualquier intento de operar bajo esos esquemas contraviene la legislación mexicana y los protocolos establecidos para la deportación de personas.

La presidenta recordó que las deportaciones son procesos administrativos estrictamente regulados por el Estado mexicano. Por lo tanto, no existe un marco legal que permita a empresas privadas captar, trasladar o gestionar la expulsión de ciudadanos extranjeros. Esta postura busca desmentir la narrativa de que el gobierno mexicano haya contratado a terceros para realizar tareas de seguridad o control migratorio.

Además, Sheinbaum destacó que la relación bilateral con Estados Unidos se basa en la cooperación institucional y el respeto mutuo a la soberanía. Al no recibir información oficial de la contraparte estadounidense sobre la existencia de estas empresas, la mandataria reiteró que el país no será territorio para prácticas que vulneren los derechos humanos o la legalidad vigente.

El rechazo a la operación de este tipo de grupos refuerza el compromiso del gobierno federal con el Estado de derecho. La administración actual mantiene que las acciones migratorias deben realizarse exclusivamente a través de las instituciones competentes, garantizando así la transparencia y la legalidad en cada procedimiento de repatriación.

Con esta afirmación, la presidenta busca zanjar las especulaciones sobre la privatización de las políticas migratorias. El mensaje oficial es claro: México no permitirá que actores no autorizados intervengan en la gestión de la migración, preservando la integridad de sus fronteras y el respeto a los tratados internacionales firmados.

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