La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determinó que el pozo agrícola que genera inconformidad en Altotonga y Jalacingo opera sin irregularidades administrativas. La verificación estableció que la concesión de agua subterránea está a nombre de un titular con apellido Orozco. Esta resolución busca zanjar las disputas legales entre las autoridades y los habitantes de las zonas afectadas.
La dependencia federal realizó una revisión exhaustiva del expediente técnico y legal del manantial. El objetivo principal fue verificar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de aprovechamiento de recursos hídricos. Tras este proceso, los especialistas concluyeron que la operación del pozo se ajusta a los parámetros establecidos por la ley. No se detectaron faltas que pudieran justificar la suspensión de la actividad agrícola.
La controversia surgió debido a las quejas presentadas por los residentes de quince comunidades ubicadas en los municipios de Altotonga y Jalacingo. Estas poblaciones manifestaron su inconformidad al considerar que la extracción de agua impactaba negativamente en sus propios recursos hídricos. Los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades para frenar lo que consideraban un uso indebido del subsuelo. La situación escaló hasta requerir una auditoría formal por parte de la CONAGUA.
El informe técnico destaca que la concesión se encuentra debidamente registrada a nombre de un individuo cuyo apellido es Orozco. Este dato es crucial para el seguimiento legal del caso, ya que identifica al responsable directo del aprovechamiento del recurso. La regularidad del documento permite que la explotación continúe bajo la supervisión correspondiente. La autoridad federal emitió este dictamen para dar transparencia al proceso y evitar especulaciones.
La confirmación de la legalidad del pozo marca un punto de inflexión en la relación entre el sector agrícola y las comunidades vecinas. Al descartar irregularidades, la CONAGUA cierra el capítulo de las posibles sanciones administrativas inmediatas. Los habitantes de las quince comunidades deberán buscar otras vías de diálogo o revisión si desean impugnar esta decisión. La situación queda así estabilizada bajo el marco normativo actual.
Con la determinación de la CONAGUA, el pozo agrícola mantiene su operación bajo el amparo de la concesión vigente a nombre del titular Orozco. Esta resolución oficial pone fin a la incertidumbre legal que rodeaba la extracción de agua en la región. Las autoridades locales y los pobladores de Altotonga y Jalacingo deben ahora enfocarse en mecanismos de coordinación para mitigar posibles conflictos futuros. La transparencia en la gestión del agua subterránea se consolida como prioridad para garantizar la paz social en la zona.
