La presidenta Claudia Sheinbaum responsabilizó a las autoridades de Estados Unidos por la escalada de violencia en Culiacán tras la detención de Ismael «El Mayo» Zambada. Durante su visita a la ciudad, la mandataria vinculó directamente el operativo de captura con el aumento de los índices de inseguridad en la región.
La mandataria federal se pronunció al estar en Culiacán para señalar que las acciones realizadas por el gobierno estadounidense fueron el detonante de la crisis de seguridad actual. Aunque la declaración no fue explícita en todos sus términos, el mensaje fue claro al cargar con la responsabilidad al operativo que derivó en la aprehensión del líder del Cártel de Sinaloa.
Con esta postura, Sheinbaum reactiva una disputa diplomática y política con la administración de Donald Trump. El antecedente inmediato es la captura de Zambada, un evento que ha generado inestabilidad en el estado de Sinaloa y ha provocado un incremento en los enfrentamientos armados. La relación bilateral ha mostrado tensiones previas por temas de seguridad, pero esta acusación directa marca un giro significativo en la comunicación oficial entre ambos países.
La visita de la presidenta a Culiacán tuvo como objetivo evaluar la situación en terreno y dialogar con los habitantes afectados por la violencia. Al realizar esta atribución, el gobierno federal busca deslindar responsabilidades internas y enfatizar el impacto externo de las operaciones antinarcóticos. La estrategia comunicativa se centra en destacar que la violencia «sin fin» que padece el estado es consecuencia directa de la intervención extranjera en su territorio.
Este tipo de declaraciones genera un punto de inflexión en la política de seguridad nacional. Al responsabilizar a un aliado clave, la administración Sheinbaum enfrenta el reto de mantener la cooperación bilateral mientras gestiona la crisis humanitaria y de orden público en el norte del país. La sociedad civil y los analistas observan con atención cómo se desarrolla esta nueva fase de la relación entre México y Estados Unidos.
La afirmación de la presidenta establece un precedente en la gestión de la crisis de seguridad post capturas. Se espera que esta declaración influya en las negociaciones futuras y en la percepción pública sobre la eficacia de las estrategias de contención de la violencia en el estado de Sinaloa.
