El pasado mes de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto que transfiere el control de la Zona Arqueológica de Tulum, ubicada en Quintana Roo, al sector privado. Con esta medida, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) deja de ser la institución responsable de la recaudación de los boletos de entrada al sitio. La administración del recinto ahora recae en una empresa privada vinculada de manera directa con el Ejército Mexicano.
El cambio de administración marca un punto de inflexión en la gestión de los sitios patrimoniales del país, específicamente en la península de Yucatán. Hasta el momento, el INAH había sido el único organismo facultado para establecer las tarifas y gestionar el acceso de los visitantes a las zonas arqueológicas bajo su tutela, incluyendo a Tulum.
Con la entrada en vigor del decreto, la recaudación de los ingresos por acceso a la zona arqueológica pasa a manos de una corporación privada. Según la información disponible, esta empresa es propiedad del Ejército, identificada como Grupo Aerop. Esta estructura implica que los recursos generados por el turismo cultural en este enclave estratégico ya no se canalizarán a través de las cuentas públicas del instituto cultural.
La decisión presidencial busca modificar el modelo operativo del sitio, que es uno de los destinos más visitados del estado de Quintana Roo. Al involucrar a una empresa con vínculos militares en la gestión, el gobierno federal introduce un nuevo esquema de administración que combina intereses de seguridad y rentabilidad comercial en un espacio de valor histórico innegable.
Esta transición afecta directamente a los millones de turistas nacionales y extranjeros que acuden a Tulum. El mecanismo de venta de entradas y la destinación final de los fondos recaudados cambiarán radicalmente, dejando de lado la estructura tradicional del INAH para adoptar los lineamientos corporativos de la nueva administradora.
La privatización de la Zona Arqueológica de Tulum establece un precedente significativo en la política cultural del país, al ceder la gestión de un bien patrimonial a un actor privado con respaldo castrense. Este paso redefine la relación entre el Estado, el ejército y la industria turística en la región de Quintana Roo, reconfigurando la forma en que se explotan y protegen los sitios arqueológicos de mayor relevancia.
