La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos, señaló que la sanción propuesta para la excontralora estatal es injusta. La autoridad consideró que una pena de hasta diez años de prisión y la misma duración de inhabilitación es excesiva para una falta administrativa de 60 mil pesos. El organismo exigió el respeto al estado de derecho en el proceso judicial.
La dependencia estatal emitió un pronunciamiento público desde Ciudad Victoria para cuestionar la proporcionalidad de las medidas punitivas. En su análisis, la institución determinó que la magnitud de la pena no guarda relación directa con la cuantía del daño económico presuntamente causado por la funcionaria.
El documento oficial subraya que la gravedad de la sanción debe ser congruente con la naturaleza de la falta. Al tratarse de una irregularidad económica de 60 mil pesos, la autoridad jurídica argumenta que imponer una privación de libertad de una década constituye un castigo desmedido. Esta posición busca garantizar que el sistema de justicia penal opere bajo criterios de equidad y racionalidad.
La institución reafirmó su compromiso con el apego estricto al estado de derecho. Este principio es fundamental para asegurar que los derechos de los justiciables sean respetados en todas las etapas del proceso. La Procuraduría insistió en que las sentencias y propuestas de pena deben cumplir con los parámetros legales establecidos para evitar arbitrariedades en el sistema judicial.
La declaración forma parte de las acciones de seguimiento que realiza la institución a los casos de alto perfil. Al señalar esta desproporción, la autoridad busca influir en la percepción pública sobre la justicia aplicada a los funcionarios públicos. Se busca que la ciudadanía confíe en que las leyes se aplican de manera justa y proporcionada, sin importar el cargo que desempeñe el involucrado en el momento de la comisión de la falta.
La entidad mantiene su postura de exigir un juicio justo y equilibrado para la exfuncionaria. El pronunciamiento queda registrado como una posición institucional frente al caso, buscando que los tribunales tomen en cuenta la proporcionalidad de las sanciones al momento de dictar la sentencia definitiva.
