Integrantes del Comité del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas denunciaron la existencia de dos empresas sin experiencia previa. Estos organismos fueron creados recientemente para operar recursos públicos en la región. La acusación señala el uso de la Delegación Bienestar como un mecanismo para favorecer a aliados cercanos.
Los miembros del comité expresaron su indignación al detectar que las contratistas carecen del historial necesario para gestionar proyectos de infraestructura social. La investigación interna reveló que ambas firmas fueron constituidas justo antes de la adjudicación de los contratos, lo cual constituye una irregularidad administrativa grave.
La denuncia apunta directamente a prácticas de nepotismo y corrupción institucional. Según los denunciantes, la delegación de Bienestar en Veracruz está siendo utilizada como una plataforma para canalizar fondos hacia empresas controladas por amigos de funcionarios. Este esquema impide la transparencia en la asignación de recursos destinados a poblaciones vulnerables.
Las empresas señaladas no cuentan con personal técnico ni equipos propios, por lo que se presume que los trabajos serán subcontratados o simplemente no se ejecutarán. Esta falta de capacidad operativa pone en riesgo la entrega de obras esenciales para comunidades indígenas y afromexicanas que dependen de estas aportaciones.
El fondo de aportaciones tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en territorios marginados. Sin embargo, la intervención de intermediarios sin credibilidad desvía el propósito original del programa. La comunidad exige una auditoría integral que determine la responsabilidad de quienes aprobaron estos convenios.
La situación ha generado un fuerte rechazo entre las organizaciones civiles y autoridades locales que supervisan la inversión social. Se espera que las instancias federales competentes inicien una investigación formal para sancionar a los responsables. La prioridad inmediata es detener la transferencia de recursos a estas entidades y garantizar que los fondos lleguen directamente a las comunidades beneficiarias.
