Una jueza del estado de Puebla acusó formalmente de desacato a la Fiscalía General del Estado (FGE) tras detectar la falta de cumplimiento en la devolución de una clínica ubicada en Santiago Acatlán, Tepeaca. La orden judicial exige además la restitución de un millón 097 mil 657 pesos que desaparecieron durante un cateo. La situación deriva de los hechos reportados previamente por PÁGINA NEGRA, donde se documentó la irregularidad en el manejo de los bienes asegurados.
La autoridad judicial determinó que la institución fiscal incumplió con las obligaciones legales establecidas para la restitución de los elementos decomisados. El desacato se centra en la retención indebida de la infraestructura médica, la cual fue asegurada inicialmente pero no devuelta a sus legítimos propietarios en el plazo y forma exigida por la ley.
Además de la devolución física de la clínica, la sentencia ordena la entrega inmediata de la suma de un millón 097 mil 657 pesos. Este monto, correspondiente a recursos financieros, quedó sin rastro tras el procedimiento de cateo realizado por agentes de la FGE en la demarcación de Tepeaca.
El caso pone en evidencia las tensiones entre el poder judicial y la fiscalía estatal respecto al manejo de recursos públicos y privados intervenidos en investigaciones penales. La jueza subrayó que la omisión en la devolución constituye una falta grave que vulnera los derechos de los afectados y la transparencia del proceso legal.
La denuncia pública de este desacato busca presionar a la FGE para que cumpla con las resoluciones emitidas por el tribunal. El incidente en Santiago Acatlán se suma a las preocupaciones sobre la trazabilidad de los fondos y bienes asegurados en los operativos realizados por las autoridades estatales en la región.
La resolución judicial obliga a la Fiscalía General del Estado a regularizar la situación de la clínica y los fondos desaparecidos. El incumplimiento de esta orden puede derivar en sanciones adicionales contra los responsables directos del operativo inicial, garantizando así la restitución de los derechos de los propietarios afectados.