Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, prepara una iniciativa de ley destinada a eliminar el fuero constitucional de los presidentes municipales, síndicos y regidores. La información fue revelada por Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno del estado. Esta medida busca modificar el marco legal actual para facilitar la rendición de cuentas y la acción de la justicia contra funcionarios electos.
Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno, confirmó que el Ejecutivo estatal trabaja en la redacción de esta propuesta legislativa. El objetivo central es retirar la protección legal especial que actualmente gozan los titulares de los ayuntamientos y sus integrantes. Este cambio implicaría que los alcaldes, síndicos y regidores podrían ser perseguidos penalmente de manera inmediata sin necesidad de que un órgano legislativo levante primero su inmunidad.
La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y combate a la corrupción en el ámbito municipal. Al eliminar el fuero, se busca reducir los tiempos de espera para que la justicia actúe ante presuntas irregularidades administrativas o penales cometidas por estos funcionarios. Esta estrategia busca alinear la legislación veracruzana con tendencias nacionales que promueven una mayor responsabilidad pública.
Actualmente, la estructura legal protege a los funcionarios municipales mediante el fuero, lo que requiere un procedimiento legislativo complejo para poder juzgarlos. La nueva propuesta eliminaría esta barrera, permitiendo que las autoridades ministeriales y judiciales intervengan directamente en los casos de presunta comisión de delitos. Este ajuste normativo representa un cambio significativo en la dinámica de los poderes ejecutivo y legislativo a nivel local.
La decisión de avanzar con este proyecto legislativo ha sido presentada como una prioridad para la administración estatal. Se busca enviar un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes ocupan cargos de elección popular en los 212 municipios de la entidad. La propuesta será someta al escrutinio de la sociedad y de los órganos competentes para su posterior aprobación.
La presentación de esta iniciativa marcará un hito en la política veracruzana al redefinir las garantías de los funcionarios municipales. Se espera que el avance de esta ley genere un impacto directo en la forma en que se investigan y procesan los casos de corrupción en los ayuntamientos. La gobernadora Nahle García ha señalado que esta acción forma parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de la democracia local.
