Jorge Montaño Ventura, consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, afirmó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que el INE es la única autoridad con facultad constitucional para vigilar el origen y destino de los fondos de los partidos políticos. El funcionario precisó que, ante cualquier irregularidad detectada, el organismo se apoyará en las autoridades competentes para negar el registro o tomar las medidas legales correspondientes.
La declaración fue realizada por Montaño Ventura durante una visita a la ciudad de Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas. En su intervención, el consejero nacional aclaró el rol específico del Instituto dentro del sistema jurídico mexicano, destacando que ninguna otra institución estatal o federal posee la atribución directa para auditar la contabilidad de las organizaciones políticas.
Montaño Ventura señaló que el proceso de fiscalización es estricto y se basa en normas constitucionales que delimitan las competencias del INE. Al explicar los mecanismos de supervisión, el funcionario indicó que el instituto cuenta con herramientas legales para verificar cada peso invertido por las agrupaciones partidistas, asegurando la transparencia en el uso de los recursos públicos y privados.
Ante la posibilidad de detectar faltas graves o financiamiento ilícito, el consejero nacional advirtió que el INE no actuará de forma aislada en los casos más severos. El funcionario especificó que el organismo electoral derivará los informes a las instancias de justicia competentes, quienes serán las responsables de aplicar las sanciones penales o administrativas que la ley establece para quienes vulneren las normas de financiamiento.
Esta postura refuerza la autonomía del INE en materia de fiscalización electoral y deja claro el mecanismo de colaboración interinstitucional. La intervención de Montaño Ventura busca disuadir posibles irregularidades en las cuentas partidistas, estableciendo que el incumplimiento de las reglas de gasto traerá consigo consecuencias legales immédiatas y el apoyo de otros poderes del Estado.
El mensaje del consejero nacional tiene como objetivo fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral al garantizar que existe una supervisión estricta sobre los fondos de los partidos. La colaboración con las autoridades competentes para negar registros o sancionar faltas constituye la última línea de defensa para preservar la integridad de los comicios en el país.
