Integrantes de la Sección XXVII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero advirtieron sobre la realización de movilizaciones debido a los adeudos que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco mantiene con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La organización sindical informó que, de no resolverse la situación financiera, podrían tomar las instalaciones de CAPAMA y del instituto. El anuncio se hizo público el 15 de septiembre de 2026 en la ciudad de Acapulco.
El conflicto surge tras la acumulación de deudas que la dependencia de agua potable tiene con la institución de seguridad social. Los representantes del gremio señalaron que esta falta de pago afecta directamente a los servidores públicos que laboran en la institución. La advertencia de toma de oficinas busca presionar a las autoridades para que regularicen la situación financiera y garanticen los derechos laborales de los empleados.
La Sección XXVII de SUSPEG detalló que las acciones de protesta podrían escalar si no hay una respuesta inmediata por parte de la dirección de CAPAMA. Los trabajadores consideran que la continuidad del servicio y la estabilidad laboral están en riesgo ante la opacidad en el manejo de las finanzas de la comisión. El sindicato enfatizó que su objetivo principal es asegurar que los recursos destinados a la seguridad social lleguen a su destino final.
Este escenario de tensión laboral se da en un contexto donde la prestación del servicio de agua potable en Acapulco ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. La posible toma de las instalaciones podría interrumpir los procesos administrativos y operativos necesarios para la gestión del recurso hídrico. Los sindicalistas recalcaron que mantienen la puerta abierta al diálogo, pero que las medidas de presión son inminentes ante la inacción de los responsables directos.
La declaración del sindicato busca visibilizar la gravedad del adeudo y la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales. Los trabajadores exigen transparencia en la rendición de cuentas y un plan concreto para la liquidación de las deudas pendientes. La situación pone en evidencia las fallas de gestión que impactan tanto al personal administrativo como a la ciudadanía que depende del servicio.
Ante la advertencia de SUSPEG, las autoridades competentes deberán atender de manera urgente la demanda de regularización de los pagos al ISSSPEG. La posible toma de las oficinas de CAPAMA marcaría un precedente en las relaciones laborales de la entidad, obligando a una intervención inmediata para evitar la paralización de los servicios esenciales. La resolución rápida del adeudo es clave para restablecer la normalidad institucional y evitar afectaciones mayores a la población.
