La expresidenta de la Junta de Coordinación Política, Citlali Calixto Jiménez, deslindó su responsabilidad de la investigación abierta por presuntos cobros indebidos en el Congreso local. Desde Chilpancingo, la legisladora argumentó que los cargos dentro del Poder Legislativo tienen un carácter estrictamente institucional. Esta afirmación busca distanciar su figura personal de los señalamientos que han surgido en el ámbito político reciente.
Citlali Calixto Jiménez ocupó la presidencia de la Junta de Coordinación Política, un órgano clave para el funcionamiento legislativo. En su declaración pública, la diputada enfatizó que las responsabilidades asociadas a estos cargos no deben confundirse con acciones individuales. El argumento central de su defensa se centra en la naturaleza institucional de la función pública, lo que implica que las decisiones y procesos se enmarcan dentro de estructuras formales y no en voluntades personales aisladas.
El contexto de esta aclaratoria surge en medio de una investigación activa que examina presuntos cobros ilícitos dentro de las filas del Congreso local. La postura de la expresidenta de la Jucopo busca establecer una línea de separación clara entre su gestión y las presuntas irregularidades detectadas. Al insistir en el carácter institucional de los cargos, la legisladora intenta minimizar la responsabilidad directa que podría recaer sobre su persona ante las autoridades competentes.
La dinámica política en Guerrero se ha visto tensionada por este tipo de controversias, donde la transparencia en la recaudación y el uso de recursos legislativos es un punto focal. Los señalamientos por cobro de cuotas han sido un tema recurrente en el debate público, generando exigencias de claridad por parte de la ciudadanía. La reacción de Calixto Jiménez forma parte de la narrativa defensiva que suelen adoptar los legisladores cuando enfrentan escrutinio judicial o administrativo.
La posición de Calixto Jiménez establece un precedente de defensa basado en la estructura organizativa del Congreso. Mientras avance la investigación, se mantendrá la atención sobre cómo se delimitan las responsabilidades entre lo institucional y lo personal. El desenlace de este proceso determinará el alcance de las sanciones o absoluciones en contra de los involucrados en la presunta red de cobros.
