La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reconoció que persiste el desabasto de medicamentos e insumos en los hospitales incorporados al IMSS-Bienestar. Señaló que el nivel de suministro oscila entre el 50 y el 90 por ciento, con un promedio general de aproximadamente el 78 por ciento. La mandataria estatal vinculó esta situación con las acciones de la oposición política.
La funcionaria detalló que la falta de insumos afecta directamente la operación de los centros médicos bajo la nueva estructura del Seguro Popular. Al exponer los datos, Nahle García precisó que la disponibilidad no es uniforme en todas las instituciones, existiendo una brecha significativa entre los hospitales que cuentan con el 90 por ciento de sus requerimientos y aquellos que apenas alcanzan el 50 por ciento.
Este informe sobre el estado de las existencias se da en un contexto de transición administrativa donde el nuevo esquema de salud enfrenta retos logísticos y presupuestales. La gobernadora enfatizó que el promedio del 78 por ciento refleja un esfuerzo por estabilizar el abastecimiento, aunque admite que aún no se ha logrado la cobertura total necesaria para garantizar la atención óptima a los pacientes.
En su intervención, Nahle García no solo presentó las cifras de suministro, sino que también dirigió críticas hacia los legisladores de la oposición. La mandataria acusó a los militantes de otros partidos de utilizar la situación de desabasto como herramienta política para desprestigiar al actual gobierno federal y estatal, minimizando los avances logrados en la integración del sistema de salud.
La declaración busca posicionar la narrativa oficial de gestión frente a lo que considera una campaña mediática adversa. Al admitir las deficiencias, la gobernadora intenta desactivar la crítica argumentando que el proceso de consolidación del IMSS-Bienestar requiere tiempo para alcanzar la eficiencia operativa completa en todos los puntos de atención.
La situación de los hospitales en Veracruz sigue siendo un punto de fricción política y administrativa. Mientras el gobierno estatal y federal trabajan para elevar el porcentaje de suministro hacia niveles óptimos, la oposición mantiene su vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos a la salud. El seguimiento a las próximas entregas de insumos determinará si el promedio actual de 78 por ciento tiende al alza o permanece estancado.
