Exsecretaria de Salud acusa a exgobernador García Cabeza de Vaca de intervención

Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, denunció públicamente la intervención del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca en los procesos contractuales de su gestión. La funcionaria rompió su silencio desde Ciudad Victoria para abordar las denuncias penales que enfrenta. Sus declaraciones buscan contextualizar las acusaciones legales relacionadas con adjudicaciones realizadas durante la administración estatal.

Molina Gamboa afirmó que la toma de decisiones en la Secretaría de Salud estuvo sujeta a directrices externas que sobrepasaban la autonomía técnica y administrativa del área. Señaló que la figura del entonces titular del Ejecutivo estatal incidió de manera directa en la ejecución y contratación de servicios médicos.

La exfuncionaria detalló que estas intervenciones condicionaron la operación institucional y generaron presiones para la firma de acuerdos específicos. Detuvo que su rol como secretaria implicó gestionar recursos bajo un esquema de control político que no permitía la discrecionalidad operativa habitual en el sector salud.

El contexto de esta revelación se enmarca en las investigaciones penales activas contra la exsecretaria. Los procesos legales cuestionan la legalidad y transparencia de los contratos celebrados durante el periodo gubernamental de Francisco García Cabeza de Vaca. La denuncia busca establecer la responsabilidad compartida en la gestión de los recursos públicos.

Molina Gamboa sostuvo que su actuación se alineó con las instrucciones oficiales recibidas por la cadena de mando estatal. Argumentó que la estructura de poder de la época concentraba la autoridad decisoria en niveles superiores a la secretaría. Esta postura intenta deslindar responsabilidad personal ante las instancias judiciales que analizan los expedientes.

La declaración de Molina Gamboa añade un elemento político a las investigaciones penales en curso. Las autoridades judiciales continúan con el análisis de las pruebas documentales y testimoniales presentadas. El caso podría redefinir la responsabilidad administrativa de los altos mandos de la administración anterior en Tamaulipas.

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