La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que abrirá una carpeta de investigación por la presunta colusión de autoridades municipales en las demarcaciones donde se detectaron granjas clandestinas de criptomonedas. El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la dependencia, confirmó la acción en una entrevista. El objetivo es determinar si existió un pacto entre funcionarios y operadores de estos centros ilegales para evadir controles.
El funcionario señaló que la detección de estas instalaciones no es un hecho aislado, sino que sugiere la presencia de redes de corrupción locales que facilitan la operación de negocios ilícitos. La existencia de granjas de minería de criptomonedas sin permisos requiere de connivencia para asegurar la continuidad del suministro eléctrico y la protección frente a inspecciones.
Sánchez González advirtió que el fenómeno del huachicoleo de energía, vinculado directamente con estas granjas, representa una fuga de recursos significativa para el país. La Secretaría de Seguridad Pública ha identificado patrones en los municipios afectados que apuntan a la tolerancia o participación activa de los gobiernos locales en la protección de estas actividades.
La investigación permitirá precisar los roles de cada autoridad involucrada y el alcance de la red de complicidad. Se analizarán los flujos de comunicación y las decisiones administrativas tomadas por los ayuntamientos en relación con la ubicación y operación de las granjas detectadas. El proceso busca sentar un precedente para frenar la impunidad en la gestión de recursos energéticos.
El vicealmirante destacó que la colaboración entre la SSP y otras instancias será clave para desmantelar estas estructuras. No se descarta que la investigación derive en denuncias penales contra funcionarios en activo o exfuncionarios que hayan permitido la expansión de estas operaciones ilegales en su jurisdicción. La transparencia en el desarrollo de la indagatoria será un punto focal de la estrategia de seguridad.
La dependencia reiteró su compromiso de erradicar la corrupción que obstaculiza la seguridad energética y la estabilidad económica. Los resultados de la investigación se darán a conocer conforme avance el proceso legal, con el fin de restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que la ley se aplique con equidad en todos los municipios del país.
