El gobierno de Veracruz nombró a Víctor Melgarejo Hernández como nuevo delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Acayucan. La decisión generó controversia debido al historial del funcionario, quien fue señalado por participar en irregularidades políticas bajo la dirección de Eric Cisneros.
Melgarejo Hernández asume el cargo en sustitución de la estructura anterior de la dependencia estatal en la región sur. Su perfil ha sido cuestionado por actores políticos locales que recuerdan su vinculación directa con los esquemas de operación utilizados por Eric Cisneros. Durante el proceso electoral pasado, Melgarejo fue identificado como un colaborador clave en las estrategias que buscaban obstaculizar la candidatura de Rocío Nahle.
Las denuncias apuntan a que el nuevo delegado se prestó para prácticas irregulares con el objetivo específico de debilitar la aspiración de Nahle a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Esta etapa política estuvo marcada por tensiones internas significativas dentro del partido en el estado. La reaparición de Melgarejo en un puesto de seguridad plantea dudas sobre los criterios de selección de personal en la SSP.
La Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido un comunicado oficial que detalle las razones de este nombramiento ni las credenciales técnicas del designado. En su lugar, la información circula a través de reportes periodísticos y reacciones de círculos políticos locales. El cargo de delegado implica la coordinación de los operativos de seguridad en el municipio de Acayucan y sus alrededores.
El sector político local observa con atención la llegada de Melgarejo. Algunos sectores consideran que la designación refleja una continuidad en los vínculos personales con la cúpula política estatal anterior. La falta de transparencia en la justificación del nombramiento intensifica el escrutinio sobre la gestión de la seguridad pública en la zona.
La llegada de Víctor Melgarejo Hernández a la delegación de la SSP en Acayucan reabre el debate sobre la imparcialidad de los nombramientos en la administración estatal. La población y los actores políticos esperan que el funcionario se desligue de su pasado político y enfoque su labor exclusivamente en la prevención del delito y la protección de los ciudadanos.
