El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) mantiene una postura firme ante la falta de liquidación por los servicios de energía eléctrica que dejó de facturar tras la reforma energética de 2013. La organización sindical reclama el cobro correspondiente a las boletas que fueron canceladas unilateralmente por el Estado, argumentando que dicha acción vulnera sus derechos laborales y financieros acumulados durante más de una década.
La controversia gira en torno a la interrupción de la facturación directa a los usuarios, medida implementada tras la reforma eléctrica que modificó la estructura del sector energético en el país. El SME sostiene que, aunque dejó de operar como distribuidor, la deuda generada por el servicio prestado hasta ese momento no fue saldada ni reconocida en su totalidad por las autoridades federales. Este conflicto ha generado tensiones recurrentes entre el gremio y las dependencias gubernamentales responsables de la transición energética.
Durante su gestión, el expresidente Andrés Manuel López Obrador utilizó diversas plataformas digitales para referirse al SME, calificándolo en ocasiones como el sindicato más democrático de México, mientras que en otros momentos cuestionó sus prácticas operativas. Estas declaraciones contradictorias han alimentado el debate público sobre el rol del gremio en la actual coyuntura energética. El texto original señala la ironía de que la respuesta de las fiscalías y tribunales ha sido más lenta que la evolución de la disputa, dejando a los electricistas en una posición de incertidumbre administrativa.
La exigencia central del sindicato no se limita a una protesta simbólica, sino que busca una resolución económica concreta por los recursos no cobrados. El SME argumenta que la congelación de las boletas representa una pérdida patrimonial significativa que afecta la estabilidad de sus agremiados. La organización ha recurrido a la vía legal y a la presión mediática para visibilizar lo que considera una deuda pendiente del Estado con el trabajadores del sector eléctrico.
El contexto de la reforma energética sigue siendo el eje de la negociación, donde se busca definir si existe un mecanismo válido para la compensación de los servicios prestados. La falta de un acuerdo definitivo ha mantenido vivo el conflicto, que trasciende lo laboral para convertirse en un asunto de política pública relacionada con la distribución y la tarifa eléctrica. Los electricistas insisten en que la solución debe ser transparente y basada en la revisión de los estados de cuenta que fueron cancelados unilateralmente.
El SME continúa exigiendo la liquidación de las boletas de luz congeladas, señalando que la respuesta institucional ha sido insuficiente y tardía. La resolución de este conflicto dependerá de la voluntad política y jurídica para reconocer el valor de los servicios no facturados, un tema que sigue abierto y que impacta directamente en la dinámica del sector energético nacional.
