La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura a favor de una reforma que impida a quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura mantener una doble nacionalidad. La mandataria argumentó que la lealtad institucional exige servir exclusivamente a una sola nación. Esta defensa se enmarca en el debate legislativo sobre los requisitos de elegibilidad para los altos cargos de representación popular.
Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo federal enfatizó que la propuesta busca garantizar la integridad y la prioridad absoluta hacia el Estado mexicano. Sheinbaum señaló que la figura de la doble nacionalidad, aunque válida para la ciudadanía en general, presenta riesgos cuando se trata de quienes ostentan la máxima representación política. La presidenta sostuvo que el servicio público de alto nivel requiere una dedicación plena y una lealtad inquebrantable que no puede dividirse entre dos banderas.
La mandataria explicó que la iniciativa surgió con el objetivo de fortalecer la soberanía y la cohesión nacional. Al impedir que un presidente o un gobernador conserve la ciudadanía de otro país, se busca evitar conflictos de interés potenciales. Este planteamiento forma parte de un conjunto de reformas estructurales que el gobierno federal ha impulsado en el Congreso de la Unión para modernizar el marco legal político.
El corresponsal de CDMX, Carlos Guzmán, documentó la insistencia de la presidenta en este punto específico. Sheinbaum no dejó margen a la interpretación al afirmar que solo se puede servir lealmente a una nación. Esta declaración refuerza la línea dura del Ejecutivo federal en materia de identidad nacional y responsabilidad cívica. La postura busca sentar un precedente claro para futuros candidatos que deseen contender por los cargos más altos del país.
La defensa de esta iniciativa posiciona la restricción de la doble nacionalidad como un eje central en la agenda política del sexenio. El impacto de esta decisión determinará los criterios de elegibilidad para las próximas elecciones federales y estatales. La discusión continuará en el ámbito legislativo, donde se evaluará la constitucionalidad y viabilidad de esta medida. La sociedad observa con atención cómo se resuelve este debate que redefine los vínculos entre la ciudadanía y la alta función pública.
