En Xalapa, Veracruz, representantes de pensionados de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad solicitaron una modificación al artículo 127 de la Constitución. El objetivo es impedir que los cambios normativos actuales limiten el monto de las jubilaciones que ya fueron otorgadas. La acción busca proteger los derechos adquiridos por los trabajadores del sector energético.
La movilización se centra en una preocupación específica: evitar que la reforma constitucional tenga efectos retroactivos. Los jubilados argumentan que las modificaciones al artículo 127 no deben aplicarse a quienes ya han cumplido con los requisitos legales para recibir su pensión. Esta postura busca distinguir entre las condiciones para nuevos ingresos al sistema y las garantías de quienes ya son beneficiarios.
Melina Zurita, quien participó en la manifestación en Xalapa, destacó la urgencia de dialogar con las autoridades para clarificar el alcance de la ley. Los grupos afectados por esta situación incluyen a trabajadores de Pemex, la CFE y otras instituciones públicas del país. La intención es unificar las demandas para presentar un frente común ante el poder legislativo y ejecutivo.
El artículo 127 constitucional regula las condiciones de jubilación y pensión en México. Cualquier cambio en este marco legal impacta directamente en la estabilidad económica de miles de familias que dependen de estos ingresos. Por ello, los colectivos de jubilados exigen que se respete el principio de irretroactividad, garantizando que las normas nuevas no reduzcan los montos ya establecidos.
La búsqueda de una modificación normativa responde a la incertidumbre generada por la aprobación de las reformas. Los pensionados solicitan que se incluyan cláusulas de salvaguarda que protejan sus derechos. Esta exigencia se suma a otras luchas previas por la justicia laboral en el sector energético y de servicios públicos.
Los jubilados mantienen abierta la posibilidad de realizar más movilizaciones si no obtienen una respuesta favorable de las autoridades. La demanda es clara: se requiere una enmienda al texto constitucional que impida cualquier recorte a las pensiones ya concedidas. El diálogo entre los representantes de los trabajadores y el gobierno federal será determinante para definir el futuro del artículo 127.
