La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desestimaron la propuesta de constituir un órgano especial de seguimiento. La decisión se tomó el 7 de septiembre de 2026 y afecta el análisis de los homicidios de Benito Aguas Atlampa y Héctor Melesio Cuén, además de un tercer caso no especificado en el informe oficial.
El rechazo institucional deja sin un mecanismo legislativo directo la revisión de las circunstancias que rodearon el asesinato de los legisladores. Benito Aguas Atlampa y Héctor Melesio Cuén fueron víctimas de ataques armados que generaron preocupación entre los representantes populares. La ausencia de una comisión especial implica que no habrá un cuerpo de trabajo dedicado exclusivamente a estas investigaciones dentro del recinto.
La Mesa Directiva argumentó que las acciones corresponden a las autoridades competentes. La Junta de Coordinación Política validó esta postura al considerar que la Cámara no debe suplantar funciones de investigación penal. Esta interpretación busca mantener la separación de poderes y evitar que el legislativo se convierta en un órgano de investigación subjetiva.
Los diputados que impulsaban la iniciativa señalaron que la falta de seguimiento legislativo debilita la respuesta democrática ante la violencia. Para ellos, una comisión habría permitido rendir cuentas ante la sociedad y presionar por resultados en las carpetas de investigación. El debate evidenció una brecha en la percepción sobre el rol del parlamento frente a los crímenes contra sus propios miembros.
La decisión final fue unánime en el seno de la Junta, cerrando la posibilidad de abrir un frente de trabajo paralelo. Los legisladores deberán limitarse a las preguntas y requerimientos habituales dentro de los acuerdos de la cámara, sin la estructura formal de una comisión. Este precedente podría influir en futuras solicitudes de investigación sobre hechos de violencia política.
La Cámara de Diputados no impulsará acciones legislativas específicas para dar seguimiento a estos homicidios. La responsabilidad y el avance de las indagatorias quedarán exclusivamente en manos de la Policía Federal y los ministerios públicos. La ciudadanía y las organizaciones civiles seguirán atentas a los avances de la justicia ordinaria para exigir claridad en estos casos.
