Colectivos urbanos manifestaron su rechazo al proyecto de Cablebús al considerarlo una imposición del urbanismo neoliberal. La protesta se centra en la premisa de que las ciudades se están diseñando para la inversión capitalista y no para el bienestar de los habitantes. Los manifestantes citaron al académico David Harvey para respaldar su postura crítica sobre la transformación del espacio público.
Los organizadores de la movilizaciÓn argumentan que el modelo urbano actual prioriza la rentabilidad económica por encima de las necesidades sociales de la población. Según su diagnóstico, la planificación urbana ha cambiado de objetivo: ya no se construye para que las personas vivan dignamente, sino para facilitar la entrada de capital y la especulación inmobiliaria. Esta visión crítica sostiene que el espacio urbano se ha convertido en un activo financiero y no en un derecho ciudadano.
La oposición se fundamenta en una lectura de la urbanización contemporánea que identifica una tendencia global hacia la mercantilización de la ciudad. Los activistas señalan que las infraestructuras de transporte masivo, como el Cablebús, son utilizadas como catalizadores para aumentar el valor del suelo en zonas adyacentes. En este esquema, los beneficios son capturados por inversionistas, mientras que los residentes originales enfrentan presiones de desplazamiento o aumento en el costo de vida.
El argumento central de los manifestantes es que el desarrollo urbano debe ser evaluado por su impacto en la calidad de vida y no por su potencial de retorno financiero. Al invocar a David Harvey, los participantes buscan contextualizar su protesta dentro de un debate académico sobre la geografía política y la producción del espacio. Para ellos, la ciudad es un bien común que está siendo capturado por lógicas de mercado que excluyen a los sectores más vulnerables.
La ausencia de un plan de movilidad integral que contemple el transporte terrestre de calidad es otro punto de fricción. Los críticos del proyecto consideran que el Cablebús es una solución cosmética que no resuelve los problemas de congestión ni de acceso a servicios básicos. La demanda implícita es que las autoridades detengan la imposición de proyectos que no responden a una consulta social previa ni a una necesidad técnica verificada por la ciudadanía.
La controversia pone en el centro del debate la tensión entre los intereses del capital y el derecho a la ciudad. La postura de los manifestantes exige un replanteamiento de las políticas de desarrollo urbano para que estas prioricen el bienestar social y no la rentabilidad de corto plazo.
