Socorro Gil Guzmán, representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, acusó que ninguna autoridad en Acapulco asume la responsabilidad por la desaparición de fotografías de personas desaparecidas. La activista señaló que las instituciones federales, estatales y municipales priorizan la imagen urbana sobre la memoria colectiva.
La denuncia fue realizada el 5 de septiembre de 2026 en Acapulco, Guerrero. Gil Guzmán expresó su indignación por la ausencia de un organismo que atienda la queja ciudadana. La activista sostuvo que el gobierno local y los niveles superior de gobierno se desentienden del cuidado de los testimonios visuales que documentan la crisis de desaparecidos.
El conflicto radica en la percepción de que las autoridades municipales prefieren mantener una fachada estética en la ciudad. Según la representante de la colectiva, este enfoque en la imagen urbana provoca la eliminación de elementos que recuerdan a las víctimas. Esta práctica, señalan, borra la huella histórica y social de las familias que buscan a sus seres queridos en las calles del puerto.
La colectiva Memoria, Verdad y Justicia ha trabajado en la documentación de los casos de desaparición forzada. El retiro de estas fotografías representa un obstáculo para la preservación de la verdad. Los activistas argumentan que estos materiales son pruebas vitales y símbolos de la resistencia frente a la impunidad institucional.
La falta de respuesta oficial ha generado un clima de desconfianza entre la sociedad civil y el poder público. La activista pidió a los funcionarios que dejen de esconderse detrás de la gestión estética y asuman su deber de proteger la memoria. La situación evidencia una brecha profunda entre las necesidades de las víctimas y las prioridades operativas de los gobiernos.
La colectiva exige que se detenga la eliminación de estos registros y que se establezca un mecanismo de accountability. El caso pone en evidencia la tensión entre el derecho a la memoria y las políticas de embellecimiento urbano en Acapulco.
