La administración de Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para endurecer la vigilancia en las fronteras comerciales del país. La propuesta no incluye restricciones basadas en la nacionalidad de origen de los productos. El objetivo es responder a las preocupaciones formales planteadas por Estados Unidos desde 2023.
El proyecto de ley busca afilar los mecanismos de control aduanero existentes en México. La iniciativa busca garantizar que los bienes que entran al territorio nacional cumplan con todas las normativas vigentes. No se establece ningún veto directo ni limitación explícita hacia China u otros países específicos.
La medida atiende una demanda del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Washington había solicitado formalmente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda mayor rigor en la verificación de orígenes. El gobierno federal busca alinear sus políticas internas con estas exigencias comerciales internacionales.
El texto legislativo propone herramientas más estrictas para detectar el trasvase ilegal de mercancías. Se busca evitar que productos de terceros países ingresen al mercado estadounidense a través de México sin cumplir con las reglas de origen de la región. La propuesta no menciona sanciones punitivas por nacionalidad, sino un fortalecimiento técnico y operativo.
Los expertos señalan que esta estrategia permite a México mantener su soberanía comercial mientras cumple con sus compromisos. Al no nombrar a China, la medida evita un conflicto diplomático directo y se centra en el cumplimiento normativo. La vigilancia se aplicará de manera uniforme a todos los importadores, sin distinción geográfica.
El gobierno federal espera que esta iniciativa refuerce la confianza de sus socios comerciales. La implementación de estos controles busca proteger la integridad de la cadena de suministro regional. México reafirma su postura de cumplir con el TMEC mediante medidas técnicas y no proteccionistas.
