El senador Félix Rendón advirtió con firmeza que no se permitirá más la extorsión a los ciudadanos bajo la figura de cobros de tránsito. Señaló que estas prácticas, descritas como «la consiga recaudatoria», operan bajo la supervisión del alcalde y el jefe de tránsito municipal. La denuncia se centra en la expansión de estos actos hasta la colonia ribereña, donde los automovilistas enfrentan grúas y multas sin sustento legal.
Rendón calificó estas acciones como un atraco sistemático al pueblo, donde las autoridades municipales utilizan el aparato de tránsito para generar ingresos fuera del marco legal. El legislador enfatizó que la impunidad es el motor de esta «consiga», la cual ha sido identificada como una práctica recurrente y no un incidente aislado. La presión económica sobre los conductores se ha intensificado, afectando a sectores de bajos recursos que no pueden absorber estos gastos inesperados.
La operación de las grúas y los cobros en carretera ha sido ampliada geográficamente, llegando ahora a zonas específicas como la colonia ribereña. Esta expansión demuestra la falta de control institucional y la colusión entre mandos medios de la seguridad vial y la administración municipal. Los ciudadanos reportan que los vehículos son retenidos o multados de manera arbitraria, sin protocolos claros que justifiquen la intervención de las unidades de remolque.
El objetivo financiero de estas irregularidades, según la denuncia, es financiar las campañas electorales del partido en el poder. Rendón afirmó que los recursos obtenidos mediante la extorsión no van a las arcas municipales para servicios públicos, sino que se destinan a gastos partidistas. Esta falta de transparencia erosiona la confianza en las instituciones y convierte la movilidad urbana en una fuente de lucro político.
La advertencia de Rendón establece una línea roja en la relación entre la ciudadanía y el gobierno municipal. La tolerancia cero anunciada implica la preparación de las denuncias correspondientes ante las instancias competentes para detener estos cobros. La sociedad civil y los legisladores observarán de cerca las acciones de la autoridad para garantizar que el servicio de tránsito cumpla su función de seguridad y no de recaudación paralela.
